LA HABANA, Cuba, enero, www.cubanet.org -La mañana habanera del lunes 14 de enero llegó cargada de expectativas debida al inicio de la aplicación de las reformas migratorias anunciadas por el gobierno. En las semanas previas las notarías, registros civiles y otras oficinas de trámites legales habían estado atendiendo numerosos casos de cubanos presurosos por actualizar su situación y la de sus hijos menores, a fin de obtener sus pasaportes, y de quienes han estado atareados en actos de venta de sus viviendas y automóviles para disponer de algún capital destinado a enfrentar una nueva vida fuera de Cuba. Muchos fueron también los que acudieron a las Oficinas de Inmigración y Extranjería para confeccionarse un pasaporte antes que comenzara a aplicarse la nueva tarifa, que eleva su valor a la astronómica cifra de 100 CUC.
Por su parte, las autoridades parecían estar tanto o más nerviosas que los aspirantes a la fuga de la isla-cárcel. Desde horas tempranas del propio día 14 se estableció un operativo policial con varios efectivos en las áreas aledañas a las sedes diplomáticas que, presuntamente, serían los puntos en que se podrían formar aglomeraciones para solicitar visados. El operativo era discreto, pero visible, con la evidente intención de desestimular cualquier posible irregularidad o alteración de la tranquilidad y el orden, y contaba además con el apoyo de combatientes de la policía política vestidos de civiles patrullando las aceras. Las oficinas de procesamiento de los pasaportes también estuvieron custodiadas de cerca por la policía. El ambiente se mantuvo tranquilo durante toda la jornada.
Se comenta que en el Consulado de España un cartel cortaba de tajo cualquier aspiración migratoria anunciando sin sutilezas que no se otorgarían visas. No sería de extrañar, habida cuenta que un gran número de los que han obtenido la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Histórica todavía no han podido siquiera habilitar su pasaporte comunitario. Obviamente, España no está en condiciones de asimilar siquiera una migración masiva de sus nuevos ciudadanos de ultramar, menos aún de los cubanos que no cuentan con esa ventaja.
No son pocos los analistas que han señalado las innegables limitaciones de una reforma que, entre otras máculas, aún reserva a las autoridades el derecho de decidir en cada caso qué cubano puede acceder a un pasaporte para viajar. De hecho, la función discriminatoria de la llamada “tarjeta blanca” no ha desaparecido; simplemente se ha sustituido por la autorización para acceder al pasaporte y por el sello que imprime a éste el Ministerio del Interior. Esto determina la facultad que tienen las autoridades para –en el momento en que lo consideren pertinente– anular a cualquier cubano la posibilidad de salida de Cuba, sin que medien explicaciones.
De momento, hay signos que sugieren que las restricciones podrían ir cediendo paso a una situación menos rígida a la aplicada hasta ahora. Algunos disidentes a quienes se ha negado la salida del país han sido informados por las autoridades migratorias, a partir de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones, que se les permitirá viajar; lo que se ofrece como un avance tomando como referencia la obstinada negativa a abrir los cerrojos que se venía aplicando para aquellos disidentes que manifestaban su voluntad de salir y regresar a Cuba. No obstante, muchos de estos habituales excluidos sienten motivos para recelar: ¿acaso no son también los funcionarios de las oficinas migratorias tan miembros del MININT como la policía política, por tanto parte integrante de los cuerpos represivos del régimen que los hostiga?¿Cómo se explica semejante cambio de actitud sin que se hayan producido cambios en las estrategias represivas que mantienen las detenciones y encarcelaciones? En estas circunstancias cada medida oficial deja la vía libre para cualquier maniobra de retroceso.
Los medios extranjeros, por su parte, se han interesado fundamentalmente en la opinión de los cubanos acerca de la salida en detrimento de otros puntos oscuros que se mantienen en la reforma migratoria, como el inexplicado e inexplicable “castigo” de ocho años sin derecho a entrar en la Isla para aquellos cubanos que emigren ilegalmente, o el decomiso de propiedades para quienes emigran “de manera permanente”, en flagrante contradicción con el hecho de que les siga considerando “ciudadanos cubanos”. Tampoco se define claramente la condición jurídica de quienes viajaron legalmente y una vez fuera de Cuba “desertaron”. Es decir, que la Ley migratoria no solo se arroga la potestad de dictar a su arbitrio los derechos que pueden conservar o no unos u otros cubanos –recordar que existe también el llamado “permiso de residencia en el exterior” (PRE), que se otorga a algunos cubanos que han contraído matrimonio con extranjeros y tienen residencia fuera de Cuba, los que no pierden sus propiedades y derechos dentro de la Isla– sino que omite los presupuestos legales que se tienen en cuenta para aplicar a los emigrados la injustificada doble condición de “ciudadanos cubanos” (por tanto sujetos a la obligación de portar un pasaporte cubano) y “emigrados permanentes” (sin derecho a tener propiedades ni invertir su dinero en Cuba), salvo la vieja retórica política-ideológica de la plaza sitiada sobre la cual se erige todo el caprichoso arsenal jurídico del sistema.
La experiencia nos ha demostrado que cada pequeño paso dado en los últimos años en materia de reformas oficiales responde esencialmente a razones de interés del gobierno y no al bienestar de los cubanos. Son las difíciles condiciones socioeconómicas actuales y la búsqueda desesperada de alternativas los factores que impulsan cualquier mínimo cambio en Cuba, solo que el beneficiario principal sigue siendo el gobierno.
De cualquier manera resulta muy cuestionable la cacareada soberanía que siempre proclama el régimen, cuando en el propio preámbulo de la reforma migratoria uno de los “por cuanto” del encabezado menciona la política hacia Cuba por parte del gobierno estadounidense como fundamento para introducir los cambios en la legislación migratoria de la Isla. Por décadas la Ley de Ajuste ha sido esgrimida por las autoridades cubanas como si ésta constituyera el motivo verdadero por el que emigran los cubanos, y no las condiciones económicas y políticas impuestas en Cuba como consecuencia de la prolongada dictadura.
Por tanto, la supuesta “apertura migratoria” no es tal ni constituye un rapto de benevolencia de las autoridades, sino que la coyuntura actual ha propiciado la ligera flexibilización que en alguna medida es un logro de todos los que antes y ahora, desde múltiples espacios, han clamado por el ejercicio del derecho a la libertad de movimiento de los cubanos. Sin dudas, quedan demasiados cerrojos por abrirse en materia de libertades, pero mientras el gobierno continúe utilizando el chantaje político como estrategia no se abolirán todas las restricciones que persisten. Nada impide que eventualmente la puerta entreabierta se vuelva a cerrar para algunos, y también habrá que comprobar en la práctica si no se oponen nuevos obstáculos y trampas que contradigan mañana lo que está permitido hoy. La reforma migratoria no nos hace más libres, como algunos quieren creer. Solo los cambios que dimanen de las exigencias de los propios cubanos y no de las dádivas oficiales que se otorguen a conveniencia desde el poder sentarán los cimientos de la libertad ciudadana en Cuba.
Posted by: "Comité Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos"
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