PUERTO PADRE, febrero 2013, www.cubanet.org.- “El colmo del desentendimiento” tituló el periodista José Alejandro Rodríguez el artículo publicado el domingo 20 de enero en su columna Acuse de Recibo en el periódico Juventud Rebelde.
“Al recontar el trabajo de esta columna, lo más lamentable en el 2012 es que hayan disminuido las respuestas institucionales a las denuncias publicadas, al punto de solo abarcar 66 por ciento de esas quejas”, comenzó diciendo el columnista para luego remachar: “Ya es el colmo del desentendimiento”.
Solo cuatro días después, el 24 de enero, la citada columna rememoró con un artículo titulado “A remolque” un caso de contaminación del medio ambiente publicado en ese diario en diciembre de 2012, donde la empresa provincial de la Industria Alimentaria en Santiago de Cuba resultaba implicada, mientras que sus víctimas eran vecinos del reparto Chicharrones.
Según el denunciante, Edgardo Hernández, comisiones del Poder Popular y otras instituciones acudían al lugar del hecho, “pero todo termina en un nudo y el problema persiste”.
Puesto que desentenderse es no tomar parte en un asunto y los vecinos del reparto Chicharrones no estaban formulando una mera queja, sino denunciando un delito previsto y sancionado por el código penal en su artículo 194.1 inciso C, los del Poder Popular en Santiago de Cuba no solo estaban defraudando a sus electores, sino también cometiendo delito ellos mismos.
No, en Cuba no hay tal desentendimiento institucional, aunque ciertamente los elegidos suelen dar la espalda a sus electores y ese 44 por ciento que no responde las quejas del ciudadano de a pie así lo demuestra.
El artículo 73 de la Constitución de la República faculta a todo ciudadano para dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que según la legislación sobre la administración estatal están obligadas a responderlas en un plazo de 60 días.
Y la Ley de Procedimiento Penal expresa en su artículo 116 que quien presencie o en cualquier otra forma tenga certeza de que se ha cometido un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de un tribunal fiscal instructor, unidad de policía o, en ausencia de ésta, en la unidad militar más próxima del lugar en que se halle. De personas con responsabilidades e instituciones como las mencionadas está colmada la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Luego, no se trata de desentendimiento. El funcionario público que intencionalmente dicte resolución contraria a la ley, retarde maliciosamente un asunto que conozca, o deba conocer por razón de su cargo, o el que faltando a sus deberes no promueva la investigación penal no es que se desentienda de algo sin importancia, sino que incurre en crimen de prevaricación.
El 28 de diciembre de 2010, entre otras razones de lo que constituye un delito de perjurio, quien escribe formuló denuncia ante el Consejo de Estado, y no ante la sección Acuse de Recibo en el periódico Juventud Rebelde. La carta iba dirigida al mismísimo general Raúl Castro. Todavía estoy esperando respuesta.
Quienes en Cuba buscamos justicia sin conseguirla, no sufrimos “el colmo del desentendimiento”; somos víctimas de los crímenes del régimen, que solo existe por sus excesos, como este de convocar a elecciones y hacerse elegir para luego pisotear el derecho de sus electores.
Más de ocho millones y medio de cubanos fuimos convocados a las urnas el pasado domingo 3, pero a juzgar por las mismas estadísticas oficiales, a los cubanos nos sobran razones para no elegir a quienes en perpetuo desafuero pasan sobre los derechos ciudadanos, colocándose sobre la ley.
Posted by: "Comite Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos"
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