"Comité Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos": Una familia desesperada

miércoles, 22 de agosto de 2012

Una familia desesperada

Foto: Juan Carlos Díaz Fonseca.

Barcelona/ Mambí en A/ Juan Carlos Díaz Fonseca de 45 años de edad, está contagiado de SIDA desde 1999, padece entre otras enfermedades de esofagitis aguda y desgaste en los huesos. Él vivía en un contenedor situado en Las Pelas, entre su esposa Judith Muñíz Peraza de 37 años y los hijos de ésta, Yorlandis Muñíz Peraza de 16 años y Leydi Durán Muñíz de 14, epiléptica con ataques frecuentes y con retraso mental, y dos hijos más que abandonaron ilegalmente el país en fecha reciente.

En una visita de funcionarios de Bienestar Social éstos decidieron otorgarle una chequera de 285,00 cup y una inhabitable vivienda para que la reparara por sus propios medios, pero sin ningún documento que le permitiera hacer gestiones. Cuando en mayo de 2007 la Dirección Municipal de la vivienda le entregó el local situado en Apodaca # 335 entre Lebredo y Cadena en Guanabacoa, solo llamó como testigo al presidente del CDR y coordinador de la Zona, Ángel González Valdés, quien afirmó en un escrito del 16 de junio de 2010 que en esa ocasión planteó su desacuerdo con la entrega de un local tan ruinoso, pero le contestaron que esa era la casa que le correspondía a esa familia.

Al cabo de 3 años en mayo de 2010, Bienestar Social le canceló la chequera a Juan Carlos, y después de mucho quejarse, cuando le fue devuelta, le habían rebajado el monto a cobrar a 147,00 cup y le informaron que tenía que ir al Banco a realizar un contrato para el pago de los efectos electrodomésticos que adeudaba. Por ese motivo debe pagar 66,00 cup mensuales y adeuda actualmente 6 meses de pago, unos 400 pesos. Tiene que estar más de 4 meses sin hacer uso de los 81 cup que le quedan mensualmente para liquidar la deuda.

Un dictamen médico de 8 de julio de 2010 firmado por el Dr. Jorge Medina LLeres de Medicina del Trabajo, y la Dra. González Michelena Claro de la Comisión Provincial de Peritaje, ambos del Ministerio de Salud Pública, lo declaró con severa discapacidad por el deterioro de su estado general y del sistema inmunológico, causado por el SIDA, con presencia de gérmenes oportunistas, cuadro diarreico crónico, febrícula vespertina y mucosas ligeramente hipocoloreadas. El médico de su policlínico, Dr. Manuel Ortiz Hernández, le ha dicho que debido a sus enfermedades no puede laborar para no precipitar lo limitado de su tiempo de vida, e igualmente en un certificado médico de junio de 2010 lo declaró incapacitado para el trabajo. El tratamiento médico para el SIDA no le asienta, ya que le produce mucha acidez debido a la esofagitis, y se lo suspendieron. El médico quedó en recetarle el tratamiento adecuado.

El jueves 16 e agosto lo enviaron al IPK (Instituto Pedro Kourí) para hacerle los análisis para un nuevo tratamiento médico, pero no había agua en el laboratorio y lo remitieron al Policlínico Docente Julio Antonio Mella de Guanabacoa. El médico, al apreciar el atraso en los resultados de las investigaciones le dijo que tenía que retomar los medicamentos ya indicados por las malas condiciones en que se encontraba, aunque le produjeran daños estomacales.

Este cuadro de poca salud se ve afectado porque al no tener propiedad de la casa, no pueden acceder a la libreta de racionamiento que lleva implícita la dieta alimentaria por su estado, y también la legalización de un carné de identidad en el lugar que en algún momento le permitiría hacer algunas reparaciones en la maltrecha vivienda.

Juan Carlos ha escrito al gobierno de Guanabacoa, al Partido y al Instituto de la Vivienda para obtener esta propiedad, sin resultado alguno. Escribió al Consejo de Estado en junio de 2002 y la respuesta que recibió de René Montes de Oca Ruiz, jefe del Dpto. de Atención a la Población en aquel entonces, fue que aunque comprendía sus razones era la Dirección Municipal de la vivienda la que tenía que resolver el caso. Este mismo funcionario cuando Juan Carlos se quejó del maltrato recibido en la Dirección Municipal de la Vivienda, le respondió el 25 de junio de 2003 en similares términos haciendo caso omiso al descontento presentado.

Foto: Documento que prueba que Juan Carlos vivía en un contenedor.

La delegada de su circunscripción, Marlen Carrió Quintana, afirmó en carta del 16 de junio de 2010 que la vivienda estaba en pésimas condiciones, que era inhabitable, que al otorgarla no se tuvieron en cuenta las condiciones del núcleo que la recibió, y pidió cooperación para su solución.

Por otra parte la hija menor, Leydi, además de retraso mental padece de ataques de epilepsia desde los tres meses de nacida, para lo cual tiene un tratamiento que le suspenden cuando cesan temporalmente los ataques y en la actualidad carece de método. Repitió el séptimo grado en una escuela especial debido a los ataque de epilepsia.

El 15 de agosto la comunicadora comunitaria y directora de la Fundación Madres, Familia y Futuro, Ivis Rodríguez González, se entrevistó con Michel, director del Policlínico Julio Antonio Mella, y le respondió que le daría turno a Leydi al día siguiente para el neurólogo. Así hicieron los padres, llevaron a consulta a la niña, pero el neurólogo no asistió. El Dr. Orestes, sub director del Policlínico remitió la madre a la posta médica para que le dieran la historia clínica de Leydi y que con ella se dirigiera a la pediatra.

La doctora asignada a esta institución de salud estaba de vacaciones, y la enfermera informó de la pérdida de la historia clínica de la niña e hizo una en blanco para que la pudiera atender la pediatra, que le indicó que producto del retraso mental tenía que verla inicialmente un sicólogo.

En resumen, para que la niña tenga un turno médico para un neurólogo, debe depender de un pediatra y un sicólogo, y mientras tanto, continúa sin sus medicinas.

Lo extenso de esta denuncia se debe a que es imposible resumir tanta insensibilidad humana, generalizada por parte de las instituciones oficiales en un país que dice ser ejemplo de justicia social.

Nota: En la recopilación y verificación de datos y documentos, así como, en la confección de este escrito, intervinieron: Ivis María Rodríguez González, Yainé Pintado Aldaya y Arnaldo Ramos Lauzurique. También han apoyado a la familia en sus trámites médicos.