La prioridad de enjuiciar por un delito común a los opositores políticos no es nueva. Así se evita manchar la imagen del régimen, y a la vez dar la razón a quienes afirman que en Cuba no hay presos políticos
Presos en cárcel cubana (foto tomada de Internet)
LA HABANA, Cuba. -La prioridad de enjuiciar por un delito común a los opositores políticos al gobierno cubano, no es nueva.
El abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, Jefe de la Dirección Letrada Jurídica Cubana (AJC) se encuentra en la cárcel de Valle Grande, en la espera de un nuevo juicio y limitado a ejercer durante cuatro años. El licenciado enfrenta una nueva causa penal, justo cuando culminaba la sanción de 6 meses por Desacato.
Tal cargo le fue impuesto a Ferrer durante la defensa de su esposa Marienys Pavo Oñate. Él exigía la anulación del juicio en su contra, establecido por violaciones en el cargo de funciones públicas.
En su demanda contra los jueces, entregada en la Sala de lo Civil y Administrativo del mismo Tribunal, el abogado de la AJC acusó el proceso contra su esposa de ¨colosal fraude, con voto indigno, corrupto e ilegal¨, según consta la sentencia.
A raíz de tal suceso, la farsa contra su persona se terminó evidenciando cuando el juez de la Sala Penal del Tribunal Plaza de la Revolución consideró ¨severa¨ la petición fiscal de 7 meses de cárcel por Desacato, y la disminuyó a 6 meses.
El licenciado Idilio Hernández Herrera, representante legal de Ferrer declaró a Cubanet que la mala intención se muestra desde la primera sanción, al sustituir la multa como corrección disciplinaria, por la cárcel.
¨Para referirse a mi defendido ellos utilizaron términos como corrupción, falsedades documentarias altamente repudiadas por la sociedad… abogado irreverente y antiético… Es decir, los jueces sí pueden usar lenguaje inadecuado y prejuzgar el fallo judicial¨, señalo el abogado de la defensa.
“Son presos comunes, no políticos”
El verdadero ‘delito’ del abogado de la AJC es haber usado los recursos administrativos y procesales de la legislación cubana para exigir el derecho de asociación.
El proceso emplazó ante los Tribunales Provincial y Supremo, a María Esther Reus titular del Ministerio de Justicia (MINJUS), quien delegó en la directora de Asociaciones del MINJUS para declarar en un juicio por qué la AJC no es aprobada legalmente.
El próximo proceso penal que enfrenta Julio Alfredo Ferrer, persigue eliminar cualquier postura política o antigubernamental que describa su conducta.
Es acusado de Falsificación de Documentos Públicos durante la adquisición de su casa, hace más de 10 años. Aun cuando el notario que realizó el trámite declaró en el juicio oral la inocencia de Ferrer, la fiscalía solicita 3 años de encarcelamiento.
Su representante Hernández Herrera, está convencido de que la nueva acusación es un plan que intenta buscar a toda costa una violación civil para sancionarlo por delitos comunes.
¨A partir de que lo sancionen por un delito común, se hace más difícil su defensa en los organismos internacionales, de Derechos Humanos, la Corte Iberoamericana de Justicia y la comisión europea que tiene que ver con los abogados¨, explica Hernández.
¨Esto ha sido un juego político operativo de la seguridad con otros factores muy bien organizado para neutralizar todo tipo de campaña por la libertad de mi defendido¨, agrega.
Lo cierto es que el gobierno mantendrá en la cárcel al abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, sin manchar la imagen del régimen, y aparentemente dará la razón a quienes afirman que en Cuba no hay presos políticos
Posted by: "Comité Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos"
No hay comentarios:
Publicar un comentario