Aparece en La Habana la Demanda ciudadana por otra Cuba
LA HABANA, Cuba, juni, www.cubanet.org -El pasado sábado 16 fue presentada en público la Demanda ciudadana por otra Cuba —resultado de la concurrencia de varios proyectos independientes sin que ninguna persona ni organización en particular pretenda asumir el protagonismo—, en la que se exige al gobierno cubano, ante todo, la ratificación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que ya había firmado el 28 de febrero de 2008 en la sede de la ONU en New York.
Estado de Sats sirvió de anfitrión para que un panel conformado por Manuel Cuesta Morúa (Partido Arco Progresista, socialdemócrata), Wilfredo Vallín (Asociación Jurídica Cubana), Reinaldo Escobar (periodista independiente) y Elizardo Sánchez Santa Cruz (Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional), con la conducción de Antonio Rodiles, expusiera los entresijos jurídicos e históricos del asunto que reunió en ese día a una nutrida concurrencia.
Wilfredo Vallín dio su explicación de un hecho que no puede ser comprendido a cabalidad sin conocer algunos aspectos técnicos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una recomendación de la ONU que no posee carácter vinculante, y por eso es que este alto organismo internacional concibió luego el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son una derivación de aquella Declaración, pero que sí tienen carácter de obligatorio cumplimiento por parte de los estados, una vez que se den determinados pasos. La primera firma, sin embargo, posee solo un significado de intencionalidad. Únicamente si ratifica el tratado será cuando el gobierno se verá obligado (debido a que en el derecho internacional los pactos priman sobre el derecho interno de los países) a adaptar las leyes de la nación de manera que concuerden con la letra de ese convenio.
Por su parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz expresó su satisfacción y su entusiasmo porque, según él, este resulta ser el primer documento de su tipo que no proviene de un partido político ni de algún líder opositor en especial, que no tiene protagonistas visibles, que parte desde un punto de vista esencialmente ciudadano. “Hace veinticinco años era imposible encontrar a más de diez personas que manifestaran abiertamente reclamos como este”, dijo Sánchez Santa Cruz, “y hoy son miles de individuos en Cuba los manifiestan abiertamente sus exigencias. La prueba más evidente es que en el mes de marzo (alrededor de la visita del Papa) hubo más de mil detenciones en todo el país”.
Reinaldo Escobar, a su vez, se refirió a la índole plural de esta demanda ciudadana en la que ningún nombre puede ser singularizado debido a que en este documento no hay, en último caso, sino un “protagonismo compartido”.
Manuel Cuesta Morúa habló de la raíz histórica de los derechos humanos en Cuba, pues no otra cosa pretendieron nuestros próceres en su lucha por la independencia de nuestro país. De modo que, aseguró, “la Declaración Universal de Derechos Humanos es una base suficiente para la transición cubana y, más aún, para la modernización de nuestra sociedad”.
Wilfredo Vallín insistió en lo contradictorio e inexplicable que resulta el hecho de que el gobierno cubano firme un documento que no solo no se decide a ratificar, sino que “ni siquiera permite que el pueblo cubano conozca el contenido de ese pacto, aun cuando es precisamente en nombre del pueblo, como representante suyo, que rubrica o no cada tratado internacional. Más aún, el gobierno cubano nunca ha publicado la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Luego de que los cuatro expositores hubieron dado a conocer sus puntos de vista, se pasó a las preguntas del público, que fueron numerosas e iban desde una petición de aclaración elemental hasta una clarificación de algún aspecto legal tratado anteriormente (como hizo la jurista Laritza Diversent).
La bloguera Yoani Sánchez intervino asumiendo el papel de “abogado del diablo” e hizo una pregunta capital: “¿Cómo sabemos que esto puede funcionar?” En efecto, la demanda en sí misma no tiene la menor garantía de provocar una contestación positiva de las autoridades nacionales y lleva a una interrogación implícita: ¿Será capaz este gobierno, luego de más de medio siglo con el control absoluto, de dar un paso que compromete su intención de perpetuarse en el poder? Algo quedaría en claro de todas formas: no ratificar el Pacto pondría en evidencia la falta de voluntad del gobierno para acogerse a la letra de ese convenio.
¿Y qué hacer entonces a partir de ese punto? O sea: ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que suscriben esa demanda?, como preguntó alguien del público. Reinaldo Escobar fue explícito: No hay por qué imponer una única reacción o una actitud conjunta: “Que cada cual haga lo que cree que debe hacer. El que prefiere protestar en la calle, que proteste en la calle; el que prefiere escribir su opinión, que la escriba; el que considere que debe gritar, que grite; el que prefiere rezar, que rece”.
Especial connotación tuvo la intervención del destacado líder opositor René Gómez Manzano (Corriente Agramontista), quien se refirió con determinación al carácter inalienable de los derechos humanos, atributo de toda persona por el simple hecho de serlo y que ninguna autoridad tiene el poder de negar, otorgar o siquiera interpretar, además de que ocurre en el plano internacional que cada vez es mayor el consenso en cuanto a la legalidad que en sí misma porta la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En definitiva, no quedó ninguna duda de que existe un sector de la ciudadanía que no está exigiendo derechos, sino que en la práctica ha comenzado ya a ejercerlos independientemente de las presiones y amenazas de las autoridades, sobre todo en lo que respecta a la libertad de expresión y de asociación. De manera que el gobierno cubano solo tiene que desistir de sus esfuerzos por impedir la realización de esos derechos y rendirse a la realidad de que, como el estado es posterior al ser humano y en definitiva una creación suya, no tiene función más esencial que la de proteger la libertad y la igualdad con las que —por encima de toda circunstancia política, religiosa, geográfica, racial o de cualquier otro tipo— nacen las personas. La igualdad y la libertad no son atributos ni recursos que ningún estado pueda administrar u otorgar según sus temporales intereses: son nada menos que una condición inherente a todos y cada uno de nosotros.
Esta Demanda ciudadana por otra Cuba proclama, entre otros puntos, que “como cubanos, hijos legítimos de esta tierra y parte esencial de nuestra nación, sentimos un profundo pesar por la prolongada crisis que vivimos y la demostrada incapacidad del gobierno actual para realizar cambios de fondo. Esto nos obliga, desde la sociedad civil, a buscar y demandar nuestras propias soluciones”.
Y continúa: “Los ingresos miserables, la escasez de alimentos y vivienda, la masiva emigración por falta de oportunidades, la discriminación del pensamiento diferente, la ausencia de espacios de debate público, los arrestos arbitrarios, la falta de garantías ciudadanas, la corrupción y la inamovilidad de la elite gobernante, son algunos síntomas de la difícil realidad que enfrentamos”.
Más adelante precisa el texto: “Sobre la base de que la Constitución establece, en su artículo 3, que en la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado, y, en su artículo 63, que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.
Además, el documento demanda al gobierno cubano “que ponga en práctica de inmediato las imprescindibles garantías legales y políticas concebidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que ratifique el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, lo cual garantizaría el pleno respeto a los ciudadanos sin importar cuáles sean sus ideas o su accionar político-social, y que sean restaurados sus derechos a todos los que por sus opiniones discrepen del gobierno. Consideramos estos derechos esenciales en la formación de una Cuba moderna, libre y plural, que nos acoja a todos por igual e inserte nuestra soberanía en un mundo dinámico y cada vez más global”.
El texto precisa también algo que, por elemental, no deja de ser notable: “Invitamos a todos los cubanos dentro y fuera de la Isla, identificados con estas demandas, a sumarse a este reclamo justo y necesario”.
Como conclusión, el documento advierte: “Estamos dispuestos a no aceptar el silencio institucional, considerando como respuesta a esta demanda la ratificación de los pactos mencionados”.
Posteado por: "Comité Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos"
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