“Fui engañada”, asegura la anciana.
El impreso confeccionado por la Fiscalía General para responder reclamos de los ciudadanos abarca unas tres líneas. Solo cambia el nombre del quejoso y la Fiscalía Provincial a la que se traslada.
¿Acaso la Fiscalía General acostumbra a reenviar las quejas a instancias inferiores sin brindar solución al asunto? ¿Será más efectivo que los ciudadanos se quejen directamente a la Fiscalía Provincial?
Caridad Reyes ya pidió ayuda a la Fiscalía de La Habana. Pero, en marzo de 2011, los fiscales le respondieron que esperara el fallo del Tribunal, porque ellos “velan por el cumplimiento de la legalidad, aunque no administran justicia”.
Marcelino Acea, enfermo de VIH, también se quejó ante la Fiscalía Provincial de la capital por no recibir albergue.
“Mi casa fue demolida por peligro de derrumbe en 1979. Desde entonces duermo en la calle o en casa de algún amigo”, dijo.
La respuesta a su caso fue remitida al mismo organismo infractor, la Unidad de Comunidades de Tránsito, de la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana. “Finalmente me respondieron que mi queja queda sin solución, aunque tengo razón en parte”, agregó.
Según declaró a la prensa oficial la propia Fiscal Yerenia Otero, el pasado 10 de diciembre, “Día de los Derechos Humanos”, para la Fiscalía General, la atención a los ciudadanos es una prioridad. “Somos los encargados no solo de atender directamente al público, sino de depurar, tramitar y dar respuesta a sus planteamientos, donde encuentran las orientaciones que necesitan”, señaló.
Según cifras oficiales del semanario Trabajadores, de enero a octubre de 2012, en las fiscalías de la Isla se atendieron 75 mil 352 personas y recibieron 12 mil 768 cartas. A solo un 25 por ciento de los reclamantes se les reconoció que tenían la razón. Supuestamente, en esos casos “se le da un seguimiento hasta que quede resuelto”.
Al parecer, Yurlianis Tamayo Martínez pertenece a ese por ciento que se queja sin tener razón. Desesperada por vivir en una escuela destruida y en peligro de derrumbe, ocupó junto a sus dos hijas menores un inmueble deshabitado. La fiscal Pulido le respondió:
“Conocemos su crítica situación, pero no la hace merecedora de buscar solución a través de ilegalidades. No tenemos competencia para intervenir en los fondos de los asuntos, mucho menos para decidir sobre los mismos”.
Luego, Yurlianis fue desalojada violentamente por la policía de Diez de Octubre.
Denunció a los uniformados ante la Fiscalía Militar Principal por lesiones a ella y una de sus niñas. El 22 de abril de 2010, recibió respuesta del Vicefiscal General, Coronel Risell Collazo, quien remitió el caso a la fiscalía militar del territorio “para que esclarezca y ofrezca respuesta acorde a derecho”.
“Los policías no fueron sancionados. Actualmente quien extingue sanción por Atentado soy yo”, añade Yurlianis.
El sistema legal cubano prevé la obligatoriedad de respuestas a las quejas, pero no la solución o restitución en caso de comprobarse la denuncia, o su tramitación en la vía judicial. El término para responder es demasiado extenso y no prevé excepción para casos urgentes.
Generalmente, ninguna institución investiga el fondo del asunto ni verifica las violaciones alegadas. En la mayoría de los casos, comunican al quejoso el traslado de su asunto a la instancia inferior. A veces ni responden. No obstante, la licenciada Yerenia Otero Borrego afirma:
“En nuestro país los fiscales son los defensores del pueblo”.
Posted by: "Comité Pro Libertad de Presos Políticos Cubanos"
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